Foto MSP
Un incremento impresionante en los decomisos
El 2024 ha sido un año récord en el combate al narcotráfico en Costa Rica. Las autoridades han logrado decomisar 58 mil millones de colones a estructuras criminales, una cifra que supera en 35 veces el monto decomisado en 2023, que ascendía a 58 millones de colones. Este aumento representa un golpe significativo a los grupos delictivos que operan en el país, pero plantea un dilema crítico: ese dinero no puede ser utilizado para mejorar la seguridad pública.
El impacto de los decomisos: ¿Qué se podría haber logrado?
Con los recursos decomisados, las autoridades podrían haber financiado proyectos clave para mejorar la seguridad, como la compra de cámaras de vigilancia, reforzar la contratación de personal policial o mejorar las infraestructuras de seguridad pública. Sin embargo, este dinero está atrapado en un limbo legal debido a las restricciones sobre su uso, lo que deja a los gobiernos y las instituciones encargadas de la seguridad pública sin poder aprovechar esos recursos vitales.
La razón detrás de la prohibición para usar los decomisos
El abogado Daniel Brenes ha explicado que la administración pública no puede utilizar los fondos decomisados debido a que las autoridades no tienen certeza sobre si el dinero será eventualmente devuelto a los criminales. Esta incertidumbre obliga a las instituciones a actuar con cautela, ya que, si deciden gastar estos fondos y luego se determina que deben ser devueltos, podrían poner en riesgo el presupuesto de organismos como el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Este obstáculo administrativo ha generado frustración tanto en el Gobierno como en las fuerzas de seguridad, ya que, mientras las estructuras criminales pierden grandes cantidades de dinero, el país no puede aprovechar esos fondos para mejorar la seguridad ciudadana.
El desafío de gestionar los decomisos: Un dilema legal
Los decomisos de dinero, aunque son un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, presentan desafíos legales complejos. El dinero decomisado es tratado como una prueba de la actividad criminal, y su uso debe ser cuidadosamente vigilado para evitar que se ponga en riesgo la validez de los procesos judiciales. Además, los procedimientos legales asociados con la devolución de fondos o su apropiación definitiva siguen siendo un proceso largo y complicado.
El sistema judicial debe primero determinar que estos fondos no serán devueltos a sus propietarios originales antes de que se pueda considerar su destino. Mientras tanto, los recursos permanecen fuera del alcance de las autoridades de seguridad.
Alternativas y posibles soluciones al uso de los decomisos
A pesar de las restricciones, el gobierno podría explorar formas de aprovechar los fondos decomisados sin comprometer el presupuesto de las instituciones involucradas. Una de las opciones sería destinar estos recursos a programas de prevención de delitos o a iniciativas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, como la mejora en la capacitación de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, esto dependerá de los cambios en la legislación y en los procedimientos judiciales que permitan una mayor flexibilidad en el uso de estos fondos. Expertos sugieren que una reforma legal podría ser la clave para que este dinero, que proviene de actividades ilegales, se use para fortalecer las estructuras de seguridad que combaten esas mismas actividades.
